La importancia de una Ley de Donaciones que impulse la filantropía ambiental

La Red de Filantropía Ambiental -de la que Fundación Mar Adentro forma parte- surgió en el año 2018, debido al interés de diversas organizaciones de la sociedad civil que buscaban unir esfuerzos para colaborar en el fortalecimiento de políticas públicas que incentiven las acciones filantrópicas en materia ambiental, además de contribuir solidariamente entre ellas para el fortalecimiento de sus capacidades. Actualmente, esa alianza está formada por 50 organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente.

© Felipe Guarda

La filantropía ambiental se refiere a las acciones y la contribución desinteresada de privados, sean personas naturales o jurídicas, al servicio del medio ambiente y la restauración de ecosistemas marinos y terrestres. De este modo, el objetivo de los miembros de la red es la protección, conservación y restauración de la naturaleza.

De acuerdo a la Red de Filantropía Ambiental existen aspectos tributarios urgentes de considerar para crear una ley que incentive la filantropía ambiental y que permita la participación de la sociedad civil como colaboradores relevantes del Estado. Frente a la crisis socioambiental que existe actualmente, es fundamental incentivar la colaboración de todos los sectores de la sociedad, no solamente para facilitar diversas fuentes de financiamiento, sino también para avanzar hacia un entendimiento común sobre el rol de la filantropía ambiental y la necesaria regulación que ello implica, ya sea en términos fiscales, ejercicio de lobby y medición de impacto, entre otras cosas.

Las diversas organizaciones que pertenecen a la Red de Filantropía Ambiental han elaborado en conjunto algunos principios que especifican la forma en que una ley única de donaciones podría contribuir a incentivar la filantropía a través de un marco regulatorio claro, que establezca la importancia de las iniciativas que se enmarcan dentro de este ámbito y que respete su diversidad: algunas más enfocadas en la conservación efectiva (desarrollo científico, educación ambiental, trabajo comunitario), y otras centradas en el mejoramiento de políticas públicas y activismo, pero siempre dentro del marco de los objetivos de protección y restauración del medio ambiente. Asimismo, es fundamental crear mecanismos para fomentar las donaciones a instituciones filantrópicas, sumado a sistemas de accountability y transparencia.

Actualmente, existen problemas con las donaciones en Chile, pues hay muchas leyes distribuidas a lo largo de diversas instituciones, dependiendo del tipo de donación y objetivo que tengan. Esto hace muy engorroso y difícil poder efectuar donaciones, y esto es uno de los puntos fundamentales que el Ministerio de Hacienda quiere abordar en su nueva ley.

La Red de Filantropía Ambiental destaca que en Chile desde el año 2011 existe una ley que regula las asociaciones y la participación ciudadana en la gestión pública. La Ley 20.500 reconoce como deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil. Esta ley si bien facilitó la constitución de fundaciones, corporaciones y asociaciones, no abordó un tema esencial como es el financiamiento. Hoy en día es simple y de un costo razonable crear una fundación o asociación, no obstante financiar su mantención y funcionamiento es difícil cuando no se cuenta desde el inicio con recursos que aseguren el cumplimiento de sus objetivos.

La legislación actual lleva a que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sean generalmente contribuyentes de todos los impuestos que se aplican a sus actividades, sin importar que tengan un rol social, de interés público o que no tengan fines de lucro. Actualmente hay pocas temáticas que caen dentro de la categoría legal para recibir donaciones, y un punto importante que se persigue es que efectivamente se incremente el número de temas que sean susceptibles de donación. Por ejemplo, hoy en día no pueden recibir donaciones las OSC de medioambiente, salud o de derechos humanos.

Además, el sector medioambiental se ha encontrado históricamente desprovisto de acceso a financiamiento filantrópico, a pesar de que la Ley 20.500 reconoce como materia de interés público el cuidado del medioambiente. Si bien es legalmente factible recibir aportes de personas y empresas, existen importantes límites en la práctica debido a la ausencia de incentivos tributarios a la filantropía ambiental.

De acuerdo a esta red, en Chile son muchas las OSC que han desarrollado sus actividades gracias al financiamiento proveniente de donaciones de empresas, diferente a lo que ocurre en el extranjero, donde la sociedad civil es quien financia su actividad. Eso ocurre porque en algunos países las donaciones vienen en gran parte de la filantropía, así, los aportes de las personas son más que los provenientes de las empresas.

De esta forma, la Red de Filantropía Ambiental sostiene que Chile debería seguir esa dirección, a través del impulso de una política pública que incentive la filantropía y los aportes de las personas, sin perjuicio de los incentivos para iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial. Así, una política pública de financiamiento a las OSC con incentivos tributarios a las personas podría verse como un complemento a la Ley 20.500, fortaleciendo a la misma sociedad civil como partícipe de los fines de la ley, a través del financiamiento de sus organizaciones.

Además, esta agrupación recalca que una ley de donaciones a las OSC debería permitir la donación en dinero y bienes a elección del donante. Esto es especialmente relevante en el ámbito medioambiental donde se presentan oportunidades de donar bienes inmuebles. Asimismo, una ley de donaciones que impulse la filantropía debería contemplar que las personas puedan donar su tiempo y sus conocimientos o capacidades y la exención de impuesto a las donaciones desde el extranjero.