Diversidad de ecosistemas terrestres y desafíos de representatividad en conservación

Fundación Mar Adentro: En el estudio “Actualización de las áreas protegidas de Chile: análisis de representatividad y riesgo climático”, que realizaste para el Centro de Estudios Públicos (CEP), hiciste una actualización de la información de localización, superficie, administración y otras características de áreas protegidas, tanto públicas como privadas: ¿Cuáles son las principales hallazgos que muestra este estudio y que podrían impactar la conservación efectiva y a largo plazo de la biodiversidad en todo el país?
Patricio Pliscoff: Yo creo que lo principal es que todavía existen muchos ecosistemas que no están protegidos. Estamos muy lejos de las metas internacionales de protección por ecosistema, incluso hay un número importante que no tiene ningún tipo de protección, es decir, que no está cubierto por ninguna categoría de área protegida. En el fondo, todavía estamos muy lejos de la protección representativa de los ecosistemas.

¿Y eso por qué sucede?
Porque la protección se ha concentrado históricamente en ciertas áreas, por ejemplo, en la Patagonia. Además, la herramienta utilizada para la protección en últimos años, han sido principalmente los Santuarios de la Naturaleza (SN), y estos han estado asociados a humedales, zonas muy específicas y de menor tamaño. Casi no se han creado en los últimos 20 años nuevos parques o reservas, sino que en su mayoría son santuarios, y estos buscan representar áreas muy específicas, por ejemplo, un humedal en una zona cerca de una ciudad, cerca de la costa, pero que en términos de superficie son pequeños. Algunas reservas han pasado a ser Parques Nacionales, como por ejemplo, Río Clarillo. Pero han habido muy pocos parques creados en los últimos años, y reservas, nada. El parque más grande que se creó los últimos años fue Pumalín, que corresponde a una donación de un privado al Estado.

En el informe de tu estudio se menciona que a partir del año 2000 se han duplicado los Santuarios de la Naturaleza (SN), que corresponden en su gran mayoría a áreas protegidas administradas por propietarios privados con interés en la conservación ¿Por qué ha pasado esto?
Porque ha habido un incentivo. La protección de humedales ha sido una opción al menos desde hace 10 años. Y eso está bien, no es un problema, pues el instrumento para la protección de humedales ha sido la declaración de estos ecosistemas como santuarios. Pero se ha quedado ahí el tema, pues en el fondo las personas, grupos y ONG se han dado cuenta que declarar un SN es la opción más fácil para proteger un ecosistema bajo un área de protección, el trámite más sencillo es declarar un santuario. Entonces, por eso tantas propuestas de SN se han presentado y aprobado en los últimos años. Llevamos más de 90 santuarios, que en número corresponden más del doble que cualquier otro instrumento de protección.

En el estudio mencionado anteriormente también hicieron un análisis de riesgo de los ecosistemas terrestres en Chile bajo escenarios de cambio climático e identificaron que la zona comprendida entre las regiones del Maule y de la Araucanía concentra el mayor número de ecosistemas en muy alto riesgo climático: ¿Cuáles son las principales causas de esa situación?
El principal factor es la disminución de las precipitaciones que se han identificado en las modelaciones de futuro en esa zona.

De acuerdo a la investigación, la protección privada a pesar de cubrir solo el 1,65% del territorio nacional, aporta con la representación de parte de la superficie del 56,8% de los ecosistemas terrestres del país, pero de acuerdo al último catastro estas han disminuido ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Se contabilizaron 124  (1)  (en el primer catastro se identificaron 335 unidades, en contraste con las actuales 124 del estudio, lo cual representa una disminución de casi 2/3 del número inicial) y la gran mayoría son de pequeño tamaño. Pero independientemente de eso, algunas áreas de conservación privadas, están ubicados en zonas que no estaban representados los ecosistemas. Entonces, si bien en la suma total es poca área la que adicionan las iniciativas de conservación privada, son bien estratégicas, porque están ubicadas en zonas que tienen muy baja protección oficial. También es cierto que han disminuido las zonas privadas de conservación, pero ahora está mucho más claro quienes efectivamente hacen protección, algo que antes no pasaba. Antes se incluían, por ejemplo, todas las áreas que las empresas forestales dejan para protección y eso en la práctica no sigue estándares de áreas protegidas, eran sectores en los que solamente los propietarios privados definen que no van a cosechar o no van a cambiar la plantación.

A tu juicio, ¿cómo contar con una ley específica que proteja la biodiversidad mediante una institución articuladora como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) permitirá fortalecer la conservación efectiva de ecosistemas tanto desde el Estado como desde los administradores de áreas bajo protección privada (APP)?
El servicio es clave, porque junta a los dos mundos que están ahora completamente separados, como son las áreas privadas y las áreas públicas en una sola red. Entonces eso cambia todo, porque va a haber otro tipo de incentivos, otro tipo de interés, va a haber un financiamiento específico. Es como la llave para cambiar el sistema. Deja de existir el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) que es administrado actualmente por Conaf, y con SBAP todo pasa a ser una red de áreas públicas y privadas con una estructura de manejo distinta. Hasta ahora considerando las áreas públicas lo más simple es presentar santuarios de la naturaleza, y que dependen (tuición) del Consejo de Monumentos Nacionales y esa dispersión institucional cambiaría con el SBAP.

A continuación se mencionan algunas de la principales conclusiones del estudio “Actualización de las áreas protegidas de Chile: análisis de representatividad y riesgo climático” elaborado por Patricio Pliscoff:

– Actualizó el listado de áreas protegidas públicas y privadas, los resultados señalan que el 21,78% del territorio nacional se encuentra con alguna designación de protección oficial, lo que aumenta a 23,42% al adicionar las unidades de áreas protegidas privadas (aportar 1,64%).
– Solo el 28% de los ecosistemas terrestres del país cumplen con la meta Aichi 11 (La Convención de Diversidad Biológica establece que la protección de al menos un 17% por cada ecosistema es el adecuado), considerando únicamente la protección oficial por parte del Estado. Si se consideran las áreas protegidas privadas, los ecosistemas que cumplen esta meta aumentan a 32,8%. Eso muestra la importancia de la colaboración entre protección oficial y protección privada, porque las dos pueden proteger mayor superficie y alcanzar una mejor representatividad de ecosistemas bajo protección efectiva.
– El 8,8% de los ecosistemas terrestres del país no presenta ningún grado de protección oficial (principalmente en la zona costera e interior del norte y centro del país y bosques como bosque esclerófilo, bosques caducifolios, etc.), esta proporción disminuye a 6,4% al considerar también la red de protección privada.
– Los efectos del cambio climático se pueden observar con distinta magnitud según la zona geográfica y los ecosistemas presentes. Las zonas de mayor impacto del cambio climático se identifican en el altiplano y la precordillera y cordillera andina de la zona central y centro-sur.
– La red de protección oficial actual concentra sus unidades en las zonas en las que se espera mayor impacto del cambio climático sobre los ecosistemas presentes allí
– Se recomienda que las áreas protegidas públicas y privadas se expandan en los 84 ecosistemas que no cumplen con la meta Aichi 11 de proteger al menos el 17% de la superficie de cada ecosistema.

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1 «Esto se puede explicar por las fuentes de información entre los dos catastros; en el primero se adicionaron áreas provenientes de otros catastros, algunas de ellas sin el nombre del propietario (15) y con límites cartográficos aproximados (86), que no fueron posibles de contactar en el nuevo catastro. Es probable que muchas de estas áreas no mantengan interés en conservación. Además, 31 unidades del primer catastro correspondían a áreas de alto valor para la conservación, que identifican propiedades de empresas forestales que han sido excluidas para la producción forestal. Estas unidades no se incorporaron en este catastro, pues no cumplen con las definiciones del estándar de conservación privada definido por el Ministerio del Medio Ambiente». Página 10 del informe.