Áreas Protegidas Privadas en Chile: Corredores Biológicos y Conectividad Ecológica

Álvaro Escobar - Guardaparque de Bosque Pehuén

Las áreas protegidas (AP) han sido reconocidas internacionalmente por científicos y expertos como una de las principales estrategias de conservación para hacer frente a la crisis que sufre la biodiversidad a nivel global. En este escenario, el desarrollo de iniciativas privadas de conservación basadas en estándares internacionales y con la colaboración de los estados parecen ser vitales para el urgente resguardo de los ecosistemas.

Cada vez más valoradas a nivel internacional, las áreas bajo protección privada (APP) comenzaron a tomar fuerza a partir de los años noventa en Chile, cuando surgieron una serie de iniciativas más bien de manera espontánea, colaborando así con una función que prioritariamente había estado en manos del Estado. Sin embargo, a pesar de la relevancia que tienen las APPs y de los años transcurridos, nuestro país recién comienza a dar sus primeros pasos en el fortalecimiento de estas iniciativas. Así, todavía hay muchos desafíos pendientes, en especial en el ámbito de incentivos legales y financieros, y cooperación de parte del sistema público. A pesar de que existen múltiples APPs a lo largo del mundo, sigue siendo un recurso de conservación poco reconocido, en el que se requiere mayor colaboración público-privado para lograr potenciar mayormente el impacto de esta herramienta de protección ciudadana.

De acuerdo a la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un área protegida es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante mecanismos legales u otro tipo de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”. Las áreas protegidas se gestionan y regulan con el fin de lograr objetivos específicos de conservación a largo plazo, y pueden tener distintos regímenes de gobernanza y gestión, entre las que se encuentran: gobernanza por parte del gobierno, gobernanza privada (personas y grupos de personas, ONGs o compañías y corporaciones), por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, además de varias formas de gobernanza compartida.

Según el último informe “Fronteras” de la ONU, la mantención y restitución de la conectividad ecológica de las áreas silvestres se reconoce como uno de los principales desafíos a nivel mundial para detener la pérdida de biodiversidad. En este contexto, las APPs tienen el potencial de contribuir a la conectividad de los paisajes naturales donde están insertas, un rol que pueden cumplir de dos maneras: la primera, como corredores biológicos al actuar como una franja que une dos o más áreas protegidas que no estaban conectadas previamente, de esta manera una APP puede por ejemplo, extender la superficie de un Parque Nacional al estar adyacente o conectar dos áreas protegidas. En segundo lugar, puede actuar como stepping stone o “piedras de salto”, lo que ocurre cuando una área protegida es utilizada por la fauna para descansar, refugiarse o alimentarse (pero no reproducirse), mientras se desplazan de un lugar a otro.

Existen numerosos ejemplos internacionales de cómo la conservación privada es un aporte fundamental para la protección de la biodiversidad y geodiversidad, así como hábitats y especies en peligro de extinción. En países como Australia, Brasil y Sudáfrica, las APPs son parte importante de las estrategias nacionales de conservación, pues se reconoce en ellas el complemento necesario para suplir parte de las deficiencias que tienen los sistemas públicos de áreas protegidas, sobre todo, en lo que se refiere a la representatividad de ecosistemas bajo protección y conectividad ecológica.

Por ejemplo, Brasil ha sido país pionero en América Latina en la creación de reservas privadas, y sus APPs a pesar de no recibir apoyo económico por parte del Estado, suelen ubicarse en ecosistemas subrepresentados por el sistema público, lo cual las convierte en un gran aporte a la conservación de la biodiversidad amazónica. A su vez, es un ícono a nivel mundial que las áreas protegidas privadas en Brasil cumplen un rol muy relevante en la conservación del mono tití León Dorado (Leontopithecus rosalia). Similarmente, en Sudáfrica existen más de 5.100 APPs que equivalen al 35 % del total de áreas protegidas terrestres en ese territorio, las que además constituyen una fuente de sustento económico para muchas comunidades locales.

Un caso muy interesante es el de Nueva Zelanda, donde por un lado el gobierno a través de una entidad independiente facilita el marco legal y apoyo técnico necesario para el desarrollo de la conservación privada, y por otro, existe un compromiso por conservar la naturaleza que se ha vuelto casi transversal en la sociedad neozelandesa, lo que ha derivado en una gran protección de ecosistema en tierras privadas sin precedentes. Asimismo, los acuerdos de conservación privada son vistos por quienes los realizan como alianzas y oportunidades, y no como pactos restrictivos, pese a que prohíben el desarrollo de infraestructuras en general, actividades extractivas, o cualquier tipo de proyecto que no sea afín con la conservación del sitio particular que se está protegiendo.

Chile cuenta con un gran y creciente número de áreas bajo protección privada que no han podido desarrollar todo su potencial. Hay que destacar que en Chile no existe aún un marco legal ni reconocimiento oficial de las APPs por parte del Estado, de esta forma, la única manera que tiene un privado para conservar un área de manera oficial y reconocida, es declarándose Santuario de la Naturaleza y el recientemente creado Derecho Real de Conservación. Por otra parte, cualquier iniciativa que proteja en parte la biodiversidad de un territorio y que no esté en manos del estado, podría denominarse como área bajo protección privada, pese a que muchas veces no cuentan con los requisitos para asegurar un aporte efectivo a la conservación. En este sentido, un avance importante es la reciente publicación Estándares para la conservación privada en Chile, de Así Conserva Chile y Tierra Austral, pues entrega un marco de referencia que incluye estándares y definiciones, que permitirían evaluar el desempeño y funcionamiento de las APPs. La definición de estos estándares también podrán a futuro contribuir significativamente en generar diagnósticos actualizados de APPs en Chile y facilitar la planificación de la conservación a nivel nacional y la orientación de políticas públicas, como la asignación eficaz de recursos para la conservación.

El aporte de las APPs en la conservación de la biodiversidad del país

Chile forma parte de la Convención de la Diversidad Biológica (CBD) y que por esta razón se compromete ante la comunidad internacional al cumplimiento de las Metas Aichi para la biodiversidad. Entre estas, cabe destacar la Meta 11, donde se establecen los parámetros mínimos que debieran asegurar los países que forman parte del CBD respecto a sus sistemas de AP para asegurar la conservación de la biodiversidad. En este sentido, de acuerdo al último reporte del estado del medio ambiente realizado por el Ministerio del Medio Ambiente el 2018, Chile cumple con el aspecto de cobertura establecido en la Meta 11. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer en materia de representatividad de ecosistemas y conectividad ecológica, los cuales difícilmente se podría realizar solo con áreas protegidas públicas, debido a la poca disponibilidad de tierras fiscales y al alto costo que implicaría la adquisición estatal de nuevas tierras para la conservación.

Es por esto, que las APPs se presentan como una gran oportunidad para complementar y mejorar el sistema público de áreas protegidas en Chile. De acuerdo con el último censo oficial realizado, en Chile se registraron 310 iniciativas de conservación privada (ICP, concepto que reúne, sin distinción, a áreas bajo protección privada y Áreas Protegidas Comunitarias), la mayor parte de ellas (60%) resultaron ser más bien pequeñas, es decir, con superficie menor a 200 hectáreas, pero que en conjunto abarcan 1.669.151 hectáreas (Nuñes-Avila et al. 2013). En cuanto al aporte de las ICP a la conectividad ecológica hay autores que señalan que estas de manera agregada sí constituyen un aporte para cerrar la brecha en lo concerniente a conectividad ecológica estipulado en la Meta 11. Así, cuando se analiza el sistema como un todo, las ICP aportan estadísticamente en la mejora de la conectividad, pero cuando se analiza cada ICP por separado, solo se puede asegurar que contribuyen a la conectividad del sistema si es que comparten límites con otra AP o si son de gran tamaño.

Otro antecedente interesante, es que la distribución de ICP a lo largo y ancho del territorio muestra un sesgo muy similar a la distribución de las unidades del SNASPE, es decir, el mayor número de ICP se ubica en las regiones más australes y en tierras elevadas, principalmente en la Cordillera de los Andes, quedando el norte y las regiones del centro del país -que son las que poseen mayor biodiversidad y endemismo- con niveles muy bajos de protección tanto estatal como privada.

No obstante, hay ejemplos que hacen un gran aporte para mejorar la de representatividad de ecosistemas, tal como la Reserva Natural Altos de Cantillana que protege 12 mil hectáreas dentro de un área declarada como prioridad número uno para la conservación de la biodiversidad en la región Metropolitana. Otro caso es el del Parque Hacienda el Durazno ubicada en la Región de Coquimbo, donde se protegen cerca de 7 mil hectáreas en un área de transición entre el desierto y la zona mediterránea, que no solo es importante para la biodiversidad, sino que también para antiguas comunidades trashumantes que viven en armonía con ese territorio.

De esta forma, existen numerosas iniciativas de conservación privada que son un aporte efectivo para la conservación y que deberían ser reconocidas y recibir incentivos tanto técnicos como económicos. Contar con fuentes adecuadas de financiamiento es clave para asegurar el manejo efectivo de cualquier área de protección. Para el caso de las APPs en Chile, no existe ningún tipo de apoyo económico por parte del Estado, ya sea en la forma de pagos o en la exención de impuestos como ocurre en Australia y Sudáfrica, respectivamente. Por otra parte, ninguna de las leyes que regulan las donaciones en Chile contempla la protección del medio ambiente. En consecuencia, cualquier donación que haga una empresa para iniciativas de conservación es considerado como un gasto rechazado por el Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto, es grabado con un impuesto del 40%.

En otras palabras, el Estado no provee incentivos económico para la conservación, ni tampoco hay incentivos para que los privados inviertan en esta. Una situación que sorprende aún más cuando se contrasta con los beneficios económicos provenientes de los servicios ecosistémicos que emanan del SNASPE, APP y sitios prioritarios para la conservación, que de acuerdo a una evaluación realizada en 2010 rondan los 2000 millones de dólares anuales como mínimo.

Las APPs en Chile son cada día más relevantes, pero para poder alcanzar todo su potencial es clave la colaboración público-privada y poseer un marco legal sólido que facilite esta relación, lo que hace cada vez más urgente la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Referencias

Así Conserva Chile, & Tierra Austral. (2020). Estándares para la conservación privada en Chile. Santiago de Chile: Así Conserva Chile.

Escobar, A. (2019). Private Protected Areas and Ecological Connectivity. The University of Queensland.

Figueroa, E. (2010). Valoración económica detallada de las Áreas Protegidas de Chile (MMA, PNUD, & GEF, Eds.). Santiago de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. (2018). Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Mitchell, B. A., Stolton, S., Bezaury-creel, J., Bingham, H. C., Cumming, T. L., Dudley, N., Solano, P. (2019). Directrices para áreas bajo protección privada. Gland, Suiza.

Nuñes-Ávila, M., Corcuera, E., Farías, A., Palma, J., Barrientos, M., & Sepúlveda, C. (2013). Diagnóstico y Caracterización de Las Iniciativas de Conservación Privada en Chile. Santiago de Chile: MMA/GEF-PNUD.

PNUMA. (2019). Fronteras 2018/2019. Nuevos Temas de Interés ambiental. Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Schutz, J. (2017). Creating an integrated protected area network in Chile : A GIS assessment of ecoregion representation and the role of private protected areas. Environmental Conservation, 45(3), 269–277. https://doi.org/10.1017/S0376892917000492
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Álvaro Escobar. Guardaparque de Bosque Pehuén, área bajo protección privada de Fundación Mar Adentro. Ingeniero Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un Máster en Manejo de Recurso Naturales y Conservación de la Universidad de Queensland. Su carrera durante los últimos años ha estado íntimamente vinculada a las áreas protegidas privadas, primero como coordinador de guardaparques en la Reserva Natural Altos de Cantillana, luego en su tesis de posgrado sobre áreas protegidas privadas y conectividad ecológica, y en la actualidad en Bosque Pehuén.

La ilustración inicial de este artículo fue realizada por Francisca Álvarez.